Por Héctor Moreno
La reorganización de la secretaría de la Defensa Nacional que entrará en vigor este viernes 13 de agosto cruza una línea muy delgada, pues entrega la seguridad interna y externa a las fuerzas armadas.
Esto representa no solo la más grande contradicción de los promotores de este régimen, sino coloca al país en un riesgo de militarización, bajo un autoritarismo ideologizado y con prácticas populistas.
Visto de esta forma se cumplen lo más riesgosos augurios planteados por especialistas en la materia que vislumbraron la reconformación militar al estilo venezolano.
De otra forma, se puede leer como una modernización institucional necesaria de las Fuerzas Armadas -lo que en décadas no se había realizado- para equipararla a otros ejércitos del mundo.
Otro florero
El punto central es la integración de la Guardia Nacional como un cuerpo más del Ejército.
Con ello a la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se le deja como una estructura burocrática y gestora de trámites, como otro florero.
El ejemplo más elemental es: una Policía sin policías.
Y este es un punto para insistir en la regresión democrática implementada por este régimen.
Hasta los años ochenta la seguridad nacional se centraba en la secretaría de Gobernación; después del dos mil se creó la secretaría de Seguridad Federal y en el sexenio de Felipe Calderón se le dio un poder inusitado, aún sobre las Fuerzas Armadas bajo el pretexto de coordinar la lucha contra la delincuencia. Se le dotó de recursos, infraestructura y se presumió haber incorporado a más de 30 mil elementos.
Los saldos son conocidos demás: Genaro García Luna está en la cárcel en Estados Unidos acusado de proteger narcotraficantes.
Bajo la Presidencia de Enrique Peña Nieto no se investigó nada del pasado, se le permitió a García Luna seguir actuando y el mando fue devuelto a la secretaría de Gobernación con Miguel Ángel Osorio Chong como titular.
Por corrupción varios funcionarios están bajo investigación, pero el hoy senador priista permanece intacto.
La fórmula de este régimen fue crear una Guardia Nacional (consultada en el Congreso, respaldada por todos los partidos) con el compromiso de que la dirigiría un civil. Se le nutrió de miles de elementos militares, navales y los que permanecieron de la Policía Federal. Se le colocó en la estructura de la SSPC.
Así permaneció hasta el último trimestre del año pasado en que operativamente pasó a depender de la Defensa Nacional, aunque la nómina estuviera en aquella otra dependencia.
En los hechos: el fracaso de la estrategia de seguridad fue el mejor pretexto del régimen para militarizar la seguridad interna y por eso la SSPC quedará similar a la de Gobernación, como un florero.
Todo ese poder que les quitaron a esas dependencias se reconcentra en el hoy Presidente de la República.
La modernización
A la secretaría de la Defensa Nacional se integra la Guardia Nacional como un tercer cuerpo. Los otros dos son la Fuerza Aérea y el Ejército, lo cual deja a este último como una rama específica y se nombra un Comandante, figura que no existía.
Se integrará un Estado Mayor Conjunto con los tres cuerpos y se realizará las adecuaciones normativas y estructurales para ajustarse a todo el proyecto.
Esta reorganización es quizá la más ambiciosa desde la creación del Ejército Mexicano en 1914.
Además, se ha anunciado una partida extra de 50 mil millones de pesos.
Paralelamente, a la secretaría de Marina se le han ido otorgando facultades que han ampliado su rango de acción, por ejemplo, el control de los puertos y de las aduanas.
Por todo ello queda claro que la seguridad interior (que incluye la seguridad pública) quedará en manos de las Fuerzas Armadas.
El riesgo
Todo este camino ha sido duramente criticado por las organizaciones de izquierda tradicionalmente opositoras a las Fuerzas Armadas, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro; el EZLN y sus aliados, así como algunas organizaciones internacionales de la órbita de George Soros.
Se les ha ampliado el poder como no había sucedido ni en las épocas de mayor autoritarismo del viejo sistema priista y para ellos es una clara señal de militarización y, por ende, de represión.
Y ése es el punto.
Es innegable que se les ha dado más poder, aún y cuando formalmente el Presidente permanezca como su jefe máximo.
También es cierto que esta modernización fortalece la institucionalidad.
Pero dado el fracaso de este régimen y sus ansias de imponer un modelo ideologizado existe el fundado temor de que las fuerzas armadas se conviertan en aliadas para ese mismo objetivo.
Una de las salidas a esa percepción sería adecuar el marco legal para que un civil, profesional, calificado, asuma la titularidad de la Defensa Nacional, lo cual también se equipararía con muchos otros países en donde esto ya es una realidad.
Un paso complementario debería ser la apertura a una contraloría ciudadana auténtica con reconocimiento legal para evitar que el país entre a una ruta de rompimiento del orden constitucional y democrático.
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