Y si platicamos… de cómo el país amaneció con la geografía del narco marcada en asfalto

Por Francisco Junco

El domingo 22 de febrero, no fue un día más en el calendario de seguridad nacional. Fue, más bien, un mapa revelado. Los narcobloqueos registrados tras el operativo federal en la sierra de Tapalpa en Jalisco no sólo paralizaron carreteras, delinearon con precisión quirúrgica la extensión territorial y la capacidad de reacción de una organización criminal que, aun golpeada en su cúpula, mostró musculatura logística.

Los reportes oficiales coinciden en el detonante, el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, desató una respuesta violenta con bloqueos, incendios de vehículos y ataques a infraestructura de tiendas de conveniencia, y algunas entidades bancarias. La reacción no fue local ni espontánea, se contabilizaron hasta 252 obstrucciones en 20 entidades, con Jalisco como epicentro.

Ese dato, más que cuantitativo, es estratégico. Un grupo criminal capaz de activar acciones coordinadas en decenas de puntos simultáneamente posee tres elementos clave, red territorial, mando operativo funcional y células con autonomía táctica. No se trata de disturbios aislados, sino de una demostración de control de rutas.

Las autoridades federales señalaron que Jalisco concentró el mayor número de bloqueos, 65 según informes oficiales, mientras otros estados registraron incidentes aislados. Esta distribución sugiere un núcleo de poder regional con capacidad de irradiación nacional. La lógica es clara, se protege el bastión principal y se presiona en la periferia para dispersar fuerzas.

En términos de seguridad pública, el episodio confirma un patrón histórico, que cuando se neutraliza a un líder criminal, la estructura responde con violencia para demostrar vigencia. De hecho, durante la jornada se registraron 27 ataques contra autoridades y bajas en fuerzas federales. El mensaje implícito es doble, uno hacia el Estado y otro hacia las propias bases del grupo.

Sin embargo, el mismo reporte oficial indicó que el lunes ya no había bloqueos activos y que las vialidades estaban liberadas. Esto abre otra lectura, la capacidad estatal para recuperar control territorial sigue existiendo, pero su eficacia depende de despliegues intensivos y coordinados.

El impacto social tampoco fue menor. Habitantes de ciudades como Guadalajara y Puerto Vallarta relataron que los hechos violentos alteraron su vida cotidiana y generaron incertidumbre. Esa dimensión, la psicológica, suele ser el objetivo principal de los narcobloqueos. Más que detener tráfico, buscan detener certezas.

Al amanecer del lunes, la escena urbana parecía contradecir el sobresalto de la víspera. Las avenidas apenas se veían vehículos circulando, el transporte, muy pocos, retomaba sus rutas. A simple vista, la ciudad daba la impresión de haber dejado atrás la tensión; sin embargo, esa calma tenía algo de escenografía, detrás de cortinas metálicas bajas y puertas entrecerradas persistía el rastro del miedo.

Muchos negocios permanecieron resguardados, no por daños materiales, sino por precaución. El temor a posibles represalias o a un rebrote de violencia mantuvo a comerciantes en pausa, midiendo el pulso de la calle antes de levantar por completo sus cortinas. Los pocos establecimientos abiertos se convirtieron en puntos de concentración inusuales, con clientes que entraban y salían con prisa, mirando de reojo el entorno como si aún se escuchara el eco de la jornada anterior.

Donde la escena se volvió más elocuente fue en las tortillerías. Las filas se extendían hasta la banqueta, algo atípico en una ciudad donde ese producto suele encontrarse sin dificultad en cualquier esquina. Personas cargaban bolsas con cinco o seis kilos, no para el consumo inmediato, sino para prever. Era la lógica del abasto preventivo. Comprar hoy por si mañana no se puede. Más que escasez real, lo que se respiraba era una sensación compartida de incertidumbre.

La aparente normalidad, entonces, no era plena tranquilidad sino una tregua social. Las calles se veían transitables, sí, pero el comportamiento colectivo revelaba otra lectura. Cuando la población modifica hábitos básicos de compra en cuestión de horas, no responde a la necesidad, sino a la memoria reciente del riesgo. Y esa memoria, a diferencia de los bloqueos, no se retira con maquinaria ni operativos; permanece, silenciosa, instalada en la conducta cotidiana.

Hay un elemento estructural que no debe pasarse por alto. Modelos académicos recientes indican que estrategias centradas exclusivamente en capturas o abatimientos reducen menos del 10 % de los delitos asociados a cárteles si no se acompañan de políticas integrales. En otras palabras, el golpe táctico no siempre equivale a debilitamiento estratégico.

Lo ocurrido, entonces, deja tres conclusiones preliminares, la primera es que la organización afectada mantiene capacidad operativa aun tras perder liderazgo.

Dos. La dispersión geográfica de bloqueos revela corredores logísticos consolidados. Y tres. La respuesta estatal puede restablecer el orden, pero no elimina de raíz la estructura.

En síntesis, los puntos donde se instalaron los narcobloqueos no fueron aleatorios, funcionaron como coordenadas de influencia. Cada vehículo incendiado marcó un nodo; cada carretera cerrada, una arteria bajo vigilancia criminal. Lo que el país vio no fue sólo violencia reactiva, sino la cartografía visible de un poder clandestino.

La pregunta de fondo no es si el Estado puede desmontar bloqueos, eso ya lo demostró, sino si puede desmantelar la red que permitió activarlos casi simultáneamente. Esa respuesta, por ahora, sigue en disputa.