Migrantes merecen acceso a sistemas de justicia adecuados, asegura presidente de la SCJN

Garantizar su acceso a la justicia, es uno de los retos para la protección de los derechos de las personas migrantes, afirmó Arturo Zaldívar,l ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF),.

En la inauguración del Octavo Foro Regional: Nuevos Retos en el Acceso a la Justicia: Desastres Socio Ambientales, Cambio Climático y Movilidad Humana, destacó la necesidad de abordar estos temas de forma conjunta.

Se pronunció por generar condiciones para que las personas migrantes puedan tener acceso a sistemas de justicia adecuados, que se les trate con una perspectiva correcta y que se les den todas las salvaguardas que requieren.

Y afirmó: “el fenómeno de la migración con todo el drama humano que lleva, visto desde la óptica del cambio climático y los problemas no menores que ya está generando pero que va a producir con mayor intensidad en los próximos años, migración, cambio climático, justicia, creo que hoy son temas que se entrelazan y que los tenemos que analizar, los tenemos que estudiar en perspectiva de conjunto”

En el marco del Octavo Foro Regional fueron entregados los Premios Sentencias 2022, con las resoluciones más destacadas sobre acceso a la justicia a personas migrantes o sujetas de protección internacional.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia obtuvo el tercer lugar, por un caso en el que por primera vez fue revisada la Constitucionalidad de las revisiones migratorias.

Tras un amplio y robusto debate, la Primera Sala de la SCJN determinó que la regulación de esta facultad de revisión migratoria es sumamente amplia y ambigua lo que, como sucedió en este caso, permite que se atiendan prácticas discriminatorias a partir de perfiles raciales y de estereotipos, cuestión que genera impactos diferenciados en perjuicio de las personas afro mexicanas e indígenas

Los dos primeros lugares de este reconocimiento que entregan diversos órganos internacionales de derechos humanos, fueron obtenidos por los Tribunales Constitucionales de Colombia y Ecuador.

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