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#HORASEXTRAS/Informalidad laboral en México, la deuda histórica que el Estado no salda

Por Daniel Lee

Recientemente la publicación de un prestigiado medio español (El País) ofreció datos sobre la informalidad laboral en México, y confirma lo que sindicatos, académicos y organismos internacionales vienen advirtiendo desde hace décadas: la precariedad laboral no es una consecuencia coyuntural, sino un rasgo estructural del modelo económico mexicano. 

Vayamos a los indicadores: El 54.8 % de los trabajadores se desempeña hoy en la informalidad: más de 32.6 millones de personas y carecen de seguridad social, estabilidad contractual y protección sindical.

En regiones como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, tres de cada cuatro trabajadores viven del empleo informal. Estas cifras no solo describen un rezago histórico, sino también la incapacidad del Estado para articular políticas regionales que ataquen las raíces de la desigualdad: falta de inversión productiva, rezago educativo y abandono del campo. La informalidad en estas zonas perpetúa un círculo vicioso: bajos ingresos, nulo acceso a derechos y migración forzada, tanto interna como hacia Estados Unidos.

El dato de participación laboral es revelador: mientras el 75 % de los hombres forma parte de la fuerza de trabajo, solo el 46 % de las mujeres lo hace. La mayoría se inserta en sectores históricamente invisibilizados y desprotegidos como el servicio doméstico remunerado, que mantiene condiciones cercanas a la servidumbre moderna. A esto se suma la persistencia de la pobreza laboral en 35.1 %, indicador que demuestra que, incluso trabajando, millones de mexicanos no logran adquirir la canasta alimentaria básica.

Lo que hay son políticas fragmentadas y soluciones cosméticas. El gobierno federal celebró recientemente la incorporación de dos millones de trabajadores de plataformas digitales al sistema de seguridad social. Aunque este paso es positivo, resulta insuficiente. 

Se trata de una medida parcial frente a un océano de precariedad: el grueso de la informalidad no proviene del “nuevo empleo digital”, sino de sectores tradicionales —comercio ambulante, agricultura de subsistencia, talleres familiares— donde la acción del Estado ha sido mínima o inexistente.

Además, la formalización de los trabajadores de plataformas ha estado marcada por tensiones: las empresas buscan limitar su responsabilidad laboral y las regulaciones llegan tarde frente a un modelo global que muta constantemente. En otras palabras, se resuelve una arista, pero se descuida el núcleo del problema: la ausencia de un pacto social robusto que garantice derechos universales independientemente del tipo de empleo.

La dimensión sindical e internacional

La informalidad erosiona no solo la vida de los trabajadores, sino también la capacidad de los sindicatos para organizarse. Más de la mitad de la fuerza laboral está fuera del radar sindical, sin derecho a negociación colectiva ni posibilidad de exigir condiciones justas. Esto coloca a México en una posición débil frente a compromisos internacionales, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que exige avances verificables en materia laboral.

En un contexto de reconfiguración del trabajo a escala global —automatización, empleo de plataformas, transición energética—, México enfrenta el riesgo de consolidar una doble economía: una formal, conectada con los mercados globales y protegida por el T-MEC, y otra informal, masiva, que sostendrá la vida cotidiana de millones sin derechos ni futuro.

La persistencia de la informalidad en más de la mitad de la población trabajadora no es un problema técnico: es una decisión política. Mientras no exista una estrategia nacional integral que combine inversión productiva, políticas fiscales redistributivas, fortalecimiento sindical y cobertura universal de derechos sociales, la informalidad seguirá siendo la norma.

La informalidad laboral no es simplemente una cifra que fluctúa de un año a otro. Es la evidencia de que México no ha construido aún un Estado laboral moderno. La pregunta que debe incomodar al poder político es clara: ¿cómo puede un país que presume estabilidad macroeconómica y tratados comerciales de vanguardia sostenerse sobre una base donde más de la mitad de sus trabajadores carece de derechos fundamentales?. Bueno... Así las cosas.



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