Urgen tomar en cuenta recomendaciones para incrementar el monto, calidad y ejercicio eficiente del presupuesto destinado a Primera Infancia



Derivado del diálogo entre expertos y autoridades en torno a  los retos y pendientes urgentes por atender en favor de las niñas y niños menores de 6 años se dan a conocer un conjunto de recomendaciones concretas, cuyo objetivo es incrementar el monto, calidad y ejercicio eficiente de los recursos públicos destinados a la garantía de los derechos de la niñez mexicana.  


La 2da Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia representó un espacio plural de reflexión y debate de ideas, donde  expertos nacionales e internacionales coincidieron con servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y destacados representantes de organizaciones de la sociedad civil, en donde el hilo conductor fue la identificación de los enormes retos programáticos y presupuestales que enfrenta la Primera Infancia para alcanzar su desarrollo pleno e integral. 


Sin embargo, también se identificaron alternativas factibles para incrementar progresivamente la inversión pública en Primera Infancia y con ello revertir las condiciones de vulneración y desventaja que históricamente han padecido las niñas y niños menores de 6 años en nuestro país.


Este encuentro, impulsado por el Pacto por la Primera Infancia y realizado del 27 al 30 de septiembre del año en curso, tuvo el propósito fundamental de incidir efectivamente en el proceso presupuestal 2022, a fin de incentivar el incremento en el monto de recursos públicos destinados a la garantía de los derechos de las niñas y niños. Participaron 6 mil 623 usuarios totales en la plataforma de Zoom. 


De los seis paneles celebrados durante la 2da Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia, se recuperaron 29 propuestas de expertos y autoridades orientadas a mejorar el proceso de programación, planeación, presupuestación y discusión del presupuesto público en primera infancia. Las 10 principales se enlistan a continuación.


1. Reponer los recursos recortados a programas esenciales para el bienestar de la Primera Infancia, como lo son los correspondientes a los Programas de “Atención a la Salud” de la Secretaría de Salud y “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social” del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), así como del Programa de “Registro e Identificación de Población” de la Secretaría de Gobernación. Los tres primeros son necesarios para garantizar el derecho a la salud a la población sin seguridad social y el último a garantizar el derecho a la identidad. Los incrementos presupuestales no tendrían impacto presupuestal para compensar la ampliación, en virtud de la suficiencia presupuestal de los mismos, por lo que sólo es necesario que se reflejen en la asignación del Anexo 18.


2. Diseñar y financiar un paquete de servicios básicos de emergencia para niñas y niños en situación de pobreza y pobreza extrema, que podría incluir: el fortalecimiento de programas de transferencias dirigidos a niñas, niños y adolescentes acompañados de acciones integrales que garanticen su acceso a la alimentación, salud y educación; ampliar la cobertura de programas de cuidado y crianza o de formación parental dirigido a madres y padres; e implementar acciones para  revertir problematicas como la  reducción de la cobertura del esquema de vacunación.


3. Acelerar la reapertura de los centros de cuidado y atención infantil que cerraron como consecuencia de las políticas de confinamiento social por la pandemia, impulsar la expansión focalizada de la educación inicia, y asegurar que la creación del Sistema Nacional de Cuidados tenga perspectiva de niñez.


4. Para mejorar la calidad de la inversión, hay que impulsar que los programas prioritarios de la administración pública que se orientan a la atención de la Primera Infancia cuenten con Reglas de Operación . Un ejemplo es el Programa de Expansión de la Educación Inicial que por ser un programa de subsidio debe formar parte de los “Programas Sujetos a Reglas de Operación” e incluirse en el Anexo 25.


5. Explorar y discutir la opción de establecer cláusulas porcentuales de destino presupuestal en los ordenamientos legales orientados a la Primera Infancia. 


6. Promover que los estados, municipios y alcaldías también incorporen en sus proyectos de presupuesto recursos para niñas, niños y adolescentes; y que los visibilicen a través de instrumentos como los anexos y subanexos tranversales que estamos promoviendo. Para lograr estas asignaciones,  hay que explorar la diversificación de fuentes de financiamiento estatales y municipales para programas orientados a Primera Infancia (ej. uso de impuesto predial, impuesto a la nómina y convenios público-privados). 


7. Planificar un incremento progresivo de los recursos asignados a Primera Infancia por parte de todos los ejecutores de gasto para lograr que las asignaciones presupuestales para la Primera Infancia correspondan a los mandatos legales y programáticos


8. Incrementar la eficiencia en el ejercicio presupuestal por parte de los ejecutores del gasto para evitar las reducciones y los subejercicios. 


9. Incorporar en el proyecto de decreto criterios para normar la asignación de recursos para niñas, niños y adolescentes, incluir en el Anexo 18 indicadores que lo vinculen de manera efectiva con el PRONAPINA, y avanzar en el diseño del Subanexo Transversal de Primera Infancia vinculado a la ENAPI.


10. Revisar la distribución territorial de los recursos correspondientes a las aportaciones y los programas federales, para lograr que aquellas entidades federativas con mayor número de niñas y niños en pobreza reciban una mayor proporción de los recursos públicos.


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