Por Francisco Junco
Una reforma electoral suele nacer de la autocrítica institucional. Después de cada proceso comicial, los sistemas democráticos revisan fallas operativas, vacíos normativos o distorsiones en la competencia, con el objetivo de ajustar reglas antes de la siguiente elección. Así ha ocurrido en distintos momentos de la transición mexicana, donde los cambios respondieron, al menos formalmente, a diagnósticos derivados de conflictos postelectorales o de problemas detectados en la organización y fiscalización.
La iniciativa presentada por la presidente Claudia Sheinbaum no parece seguir ese patrón clásico. No se ha documentado, hasta ahora, un informe técnico posterior a la elección inmediata, que identifique errores estructurales y a su vez, que justifiquen una reingeniería del sistema. Tampoco se ha colocado en el centro del debate una falla concreta del árbitro electoral que haya puesto en entredicho la validez de los resultados. La reforma, más que correctiva, se presenta como un rediseño político bajo el argumento de austeridad y simplificación.
Uno de los puntos más sensibles es la reducción presupuestal y estructural del Instituto Nacional Electoral. En abstracto, la racionalización del gasto puede ser, en abstracto, defendible; el problema radica en si esa reducción compromete capacidades técnicas, particularmente en fiscalización. En un país donde el financiamiento ilícito es una preocupación recurrente, cualquier ajuste debería robustecer, no debilitar, los mecanismos de control sobre el origen y destino de los recursos en campaña. La iniciativa no coloca en el centro una estrategia específica contra la infiltración del crimen organizado en la política electoral.
El argumento de que las elecciones en México son excesivamente costosas, ha servido para justificar recortes al Instituto Nacional Electoral bajo la premisa de austeridad. Sin embargo, el antecedente inmediato de la elección en la que se designaron representantes del Poder Judicial mostró los riesgos de abaratar el proceso sin preservar estándares operativos, por ejemplo, se instalaron menos casillas de las previstas, hubo deficiencias en su resguardo, el conteo dejó de estar plenamente en manos de ciudadanos y se acumularon irregularidades logísticas que erosionaron confianza. A ello se sumaron prácticas como los llamados “acordeones” y una participación electoral notoriamente baja.
El resultado dejó una lección conocida en administración pública, reducir costos sin garantizar calidad institucional que puede traducirse en procesos más frágiles y legitimidades más cuestionadas.
El argumento presidencial de que la reforma responde a “lo que el pueblo está pidiendo” introduce otra dimensión del debate. En democracia, la apelación al pueblo exige trazabilidad, como pueden ser, las consultas formales, los foros documentados, los diagnósticos participativos o la evidencia empírica que respalde esa afirmación. Hasta el momento no se conocen ejercicios institucionales amplios que acrediten que una mayoría social haya demandado, de manera verificable, esta reconfiguración del sistema electoral. La narrativa política no sustituye al procedimiento democrático.
El punto de fondo no es retórico sino metodológico. Si las reformas electorales dejan de basarse en diagnósticos técnicos derivados de la experiencia inmediata y se sustentan en mandatos genéricos no documentados, el riesgo es desdibujar la frontera entre reforma institucional y proyecto político. En materia electoral, la legitimidad no proviene sólo de la mayoría legislativa, sino de la confianza pública en que las reglas se modifican para corregir fallas reales, no para redefinir equilibrios de poder.
Otro eje del debate se centra en la eliminación o rediseño de las diputaciones plurinominales. Sus críticos sostienen que, más allá del discurso de simplificación, la medida podría traducirse en una sobrerrepresentación del partido en el poder y facilitar mayorías calificadas con menor contrapeso efectivo. El modelo de representación proporcional fue incorporado al sistema político mexicano precisamente para evitar la concentración absoluta del poder legislativo en una sola fuerza política. Alterarlo sin un esquema que preserve la pluralidad, abre la discusión sobre el equilibrio entre gobernabilidad y contrapesos, y sobre el riesgo de que una mayoría legislativa sin límites materiales pueda reformar el marco jurídico sin consensos amplios.
La controversia no se limita a la oposición. Algunas fuerzas que han acompañado al proyecto político denominado Cuarta Transformación, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde, han expresado reservas frente a la iniciativa presidencial. Ese distanciamiento revela tensiones internas y cálculos políticos diversos. Más allá de motivaciones partidistas, el desacuerdo evidencia que la reforma no ha logrado construir unanimidad ni siquiera dentro del bloque gobernante, y que el debate trasciende la lógica oficialismo–oposición, para instalarse en una discusión más amplia sobre diseño institucional y equilibrio democrático.
La discusión apenas inicia en el Congreso. Ahí debería centrarse en preguntas concretas, ¿qué problema específico resuelve la reforma?, ¿qué evidencia empírica la sustenta?, ¿cómo fortalece la fiscalización frente al dinero ilícito? Sin ese debate técnico, el país podría entrar a un nuevo ciclo electoral con reglas modificadas, pero con interrogantes intactas.
Nada está definido de manera irreversible. Las reformas electorales, por su naturaleza, requieren deliberación pública, escrutinio técnico y presión social informada. Está en la discusión parlamentaria. La experiencia mexicana demuestra que los equilibrios institucionales no se sostienen sólo desde el poder, sino desde la vigilancia activa de la ciudadanía. La participación sigue siendo el principal contrapeso democrático. Si la sociedad asume que las reglas del juego importan tanto como los resultados, el rumbo institucional no dependerá exclusivamente de mayorías coyunturales, sino de una cultura cívica dispuesta a defender sus espacios de representación y control.
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