Por Héctor Moreno
El manejo de la consigna “abrazos no balazos” prefigura una pax narca en donde al viejo sistema se le lava la cara. La razón es la misma: López Obrador proviene de ese mismo viejo sistema.
A tres años de iniciado este régimen la impunidad se ha enseñoreado en gran parte del territorio nacional proporcionalmente al crecimiento territorial del partido en el poder; la mira y la actividad oficial se ha cargado hacia un sola organización del narcotráfico y la narrativa oficial exclusiva del Presidente tiene acusaciones sistemáticas contra el antepasado gobierno, pero no contra el inmediatamente anterior.
Mientras estos fenómenos avanzan, los informes oficiales mensuales se enfocan en mostrar estadísticas y se esfuerzan en mantener una expectativa de mejoría para el futuro mientras que la realidad ofrece incesantemente estampas de una violencia fuera de control.
Por los resultados hasta ahora, la creación de la Guardia Nacional y la ampliación de las actividades al Ejército hacia ámbitos reservados a los civiles, parecen medidas más encaminadas a formar un escudo para el régimen.
Del control y las cifras
En el afán de autocolocarse en la historia, el régimen se ha empecinado en destruir instituciones completas sin que hasta ahora haya podido reemplazarlas por algo mejor. Como ejemplos están el sistema de salud y el sistema de seguridad.
La gestión de la pandemia con sus decenas de miles de muertos; la ausencia de atención médica a las clases populares y el desabasto de medicamentos desmienten al discurso oficial. A todos esos procesos los une un manejo obscuro.
En materia de seguridad se ha insistido en un cambio de modelo de combate a la delincuencia cuya piedra angular es el combate a la pobreza y la formación de la Guardia Nacional como un cuerpo más del Ejército, pero los casi 105 mil homicidios en tres años y las formas de violencia los desmienten día con día.
Si la asignación del presupuesto oficial dirigida a los sectores donde florece la violencia ha dado resultados es un enigma pues en tres años el gobierno no ha ofrecido una sola prueba de su efectividad, aunque se insiste en ello.
Las cifras de los homicidios dolosos son la expresión de un fenómeno más complejo: la impunidad de los grupos delincuenciales para actuar y aquí es donde la lectura bordea la pax narca que parece gestar este régimen.
Esa permisividad se trasluce en el informe que la oposición entregó el año pasado a instancias internacionales sobre la influencia de la delincuencia organizada en el proceso electoral del seis de junio. Hay evidentes casos en donde la operación fue tan integral, sincronizada que no dispararon un solo tiro para presionar a comunidades enteras para favorecer con el voto a partidos aliados de Morena o al mismo partido oficial.
Algunos de estos fenómenos se registraron lo mismo en Guerrero, Sinaloa o Michoacán. Esos gobiernos estatales pasaron a manos del hoy partido oficial, Morena, tras las elecciones de junio pasado. Esa es la única razón política, por ejemplo, que podría explicar la designación de Quirino Ordaz como embajador en España.
A Michoacán, hoy en el centro de las miradas por el fusilamiento de 17 civiles a plena luz del día, se le puede analizar desde distintas perspectivas.
Es un territorio en donde claramente los grupos delincuenciales operaron para que Morena ganara la gubernatura. La georreferencia electoral de la tierra caliente es inobjetable.
La violencia no ha cesado en esa tierra caliente y las denuncias ciudadanas -ya en manos del Gabinete de Seguridad federal- reiteran que hay una alianza del gobierno con grupos antagónicos al CJNG para aniquilar a éste último.
Las pugnas al interior del CJNG (manifestadas vistosamente en Colima y en San José de Gracia) más las insistentes versiones de la muerte de “El Mencho” así como la detención en Chihuahua y posterior liberación del supuesto principal generador de violencia en Zacatecas (El Fantasma) y la “liberación” de Aguililla muestran un frente sin tregua.
Pero como hasta ahora no se conoce una batalla oficial similar contra otros grupos se mantiene la percepción de ataque hacia un solo lado.
Junto con Sinaloa y Jalisco, Michoacán es la entidad donde el giro de actividad de los grupos delincuenciales se ha dado en forma destacada las últimas cuatro décadas, pues del tráfico de marihuana pasaron a ser centro de acopio de precursores y elaboración de drogas sintéticas (metanfetaminas y fentanilo) para surtir al mercado estadounidense.
Además, algunas versiones insisten en que el consumo de fentanilo ha comenzado a incrementarse también en México.
Frente a esa realidad, el Presidente despliega recurrentemente el discurso de acusar a Genaro García Luna y a su jefe, Felipe Calderón de haber sido los causantes de la violencia “por haberle pegado al avispero a lo tonto”; retoma las concesiones corruptas de los penales federales…
García Luna está bajo proceso en Estados Unidos y no ha sido enjuiciado, pero lo hasta ahora conocido lo marca como culpable y esto mantiene en la cuerda floja a Calderón Hinojosa, pero de ahí a asegurar que toda la violencia inició en esa gestión muestra una deliberada intención de proteger al viejo sistema y a sus actores, el último de ellos, Enrique Peña Nieto.
Sobran los documentos, sean del Archivo General de la Nación o de la DEA en donde por décadas se evidenciaron los mecanismos de control y jefatura de políticos y funcionarios del PRI sobre la delincuencia organizada. En esos documentos aparecen desde Fernando Gutiérrez Barrios, una estela de comandantes de la Policía Judicial Federal y de la Federal de Seguridad hasta Manuel Bartlett o la detención de ex gobernadores del PRI en Estados Unidos.
Pero esos episodios son deliberadamente ignorados, como una muestra de un pacto de impunidad y como una muestra de que las formas de lograr la estabilidad política tiene el mismo estilo de antes, el de la pax narca.
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