La pandemia de Covid-19 representó un golpe sin precedentes a la actividad laboral en México, en donde hubo mayor impacto a las personas trabajadoras con empleo precario, informal y sin seguridad social, alcanzando a 56% de las trabajadoras y trabajadores del país y al 47% en la Ciudad de México, lo que hace urgente la implementación de un Ingreso Mínimo Vital de Emergencia, ya previsto en la Constitución capitalina.
“No tendríamos excusa en la CDMX para poder hacer realidad el cumplimiento de lo que está en la Constitución”, destacó Nashieli Ramírez, Presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México.
De acuerdo con el estudio Consultoría técnica para estudio sobre mínimo vital, elaborado por la investigadora Berenice P. Ramírez López para WIEGO (Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando), si bien la apuesta a largo plazo es un Ingreso Mínimo Vital Universal, en una primera etapa el Gobierno podría implementar una medida de emergencia focalizada en quienes se han visto gravemente afectados en sus ingresos por la pandemia.
Como resultado del cierre de actividades por la pandemia, 12 millones de personas dejaron de participar en actividades económicas, destacó Ramírez.
De acuerdo con Patricia Mercado, Senadora y Secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, ese organismo no logró avanzar en la discusión sobre el Mínimo Vital a nivel federal el año pasado. Hizo hincapié en que, de acuerdo con la Cepal, durante la actual crisis la participación laboral de las mujeres tuvo una regresión de 18 años de lo que se había ganado en América Latina.
Tania Espinosa, representante de Wiego en la Ciudad de México, destacó que el Congreso y el gobierno de la Ciudad de México tienen la responsabilidad de legislar e implementar el Ingreso Mínimo Vital Universal que ya está plasmado en la Constitución capitalina, para lo cual se requiere una reforma fiscal robusta, y como un primer paso, se puede priorizar a las personas en empleo informal, quienes han sido las más afectadas por la actual pandemia.
Víctor Miguel Pérez Serrano, Secretario General de la Unión de Aseadores de Calzado del Distrito Federal de la CDMX, afirmó que los no asalariados han padecido “una catástrofe económica para el sostén de nuestras familias”, ya que debieron cambiar de actividad y endeudarse.
Andrea Santiago, Directora de la organización Nosotrxs, explicó que ante la negativa del gobierno federal a hacer realidad el Mínimo Vital, ese grupo inició acciones legales mediante amparos para grupos de trabajadores en diversos estados del país, por lo que se obtuvieron cuatro medidas cautelares.
Por tratarse de una emergencia cuyo fin es imposible estimar, el estudio propone distintos escenarios, en donde Wiego estima que los más convenientes serían los siguientes:
- Que el Mínimo Vital sea igual al salario mínimo mensual
- Que se otorgue por seis meses.
- Podrían explorarse combinaciones como otorgar el salario mínimo por tres meses y el valor de la línea de bienestar por tres meses adicionales.
Todos estos escenarios representan un esfuerzo financiero para la ciudad. Si no se obtienen en el corto plazo fuentes adicionales de ingreso al presupuesto de la CDMX, será necesario establecer prioridades y avanzar de manera progresiva como la Constitución lo señala.
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