El empresario mexicano, de origen libanés, Michel Domit Gemayel, durante 30 años se ha enriquecido a costa del erario público del municipio turístico de Valle de Bravo, Estado de México.
Mediante acuerdos firmados “en lo oscurito” y en complicidad con las autoridades locales se ha encargado de saquear de manera ruin y descarada los recursos de los mexiquenses.
De acuerdo con documentos oficiales, Domit Gemayel pasó de ser un guía espiritual a convertirse en el “amo y señor feudal” del fraccionamiento “El Santuario”, con el cobro de los recibos de agua, cuotas de mantenimiento y casetas de control de acceso al desarrollo inmobiliario.
El pasado 4 de agosto de 2023 y el 23 de abril de 2024 se firmaron convenios entre la Presidencia Municipal y Promotora Valle de Bravo, S.A. de C.V., empresa vinculada a Domit, donde le otorgan facultades para administrar y cobrar los servicios públicos del fraccionamiento: agua potable, alumbrado, vigilancia, recolección de basura y vialidades.
Los convenios no fueron aprobados por el Cabildo ni por la Legislatura del Estado de México, ni se siguió procedimiento alguno de contratación o concesión. Sólo se firmaron y su vigencia es indefinida. Llama la atención que existe una cláusula que permite a la empresa cobrar las cuotas “que determine” directamente o a través de terceros. Esto significa que hay camino libre para determinar arbitrariamente el tabulador de las mismas.
El municipio, que preside la morenista Michelle Núñez, se ha hecho de la “vista gorda”. Quizás la funcionaria ya aprendió aquella máxima del líder moral de su partido: “No me vengan con que la ley es la ley”.
Porque mientras la alcaldesa permanece en la inacción, Domit Gemayel actúa como si fuera el Alcalde en funciones: fija tarifas, restringe accesos y condiciona servicios. Y la orden que ha dado a sus empleados es muy clara:
¡Quien no pague sus cuotas, no entra!, es la consigna.
A todo esto, ¿La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, estará enterada de la situación? Tomando en cuenta que el agua potable es un servicio que por ley no puede ser concesionado a particulares, pues se trata de una función exclusiva del municipio o de su organismo descentralizado? Es pregunta.
Baste recordar que el pasado 7 de octubre, residentes agrupados en la asociación Colonos Unidos del Santuario denunciaron que la actuación de Promotora Valle de Bravo, S.A. de C.V. ha derivado en bloqueos de acceso, cortes de agua y cobros arbitrarios, a pesar de existir resoluciones judiciales que ordenan garantizar el libre ingreso y la continuidad de los servicios básicos.
La empresa de Michel Domit Gemayel sostiene que su intervención en el fraccionamiento El Santuario es lícita, con base en los convenios firmados con el Ayuntamiento de Valle de Bravo el 4 de agosto de 2023 y el 23 de abril de 2024.
Dichos documentos —que no fueron aprobados por el Cabildo ni por la Legislatura del Estado de México— facultan a la promotora para cobrar por los servicios públicos del fraccionamiento en los montos, condiciones y plazos que ella determine, y le permiten mantener esa administración por tiempo indefinido.
Los residentes señalan que estos cobros deberían estar regulados por la legislación fiscal, ya que al tratarse de contribuciones por servicios públicos, sólo pueden fijarse mediante ley o acuerdo municipal formalmente aprobado.
En la práctica, los convenios han permitido que Promotora Valle de Bravo mantenga el control sobre el acceso principal y condicione el suministro de agua o el ingreso vehicular al pago de las cuotas que establece, lo que ha generado inconformidad entre los propietarios.
El conflicto se intensificó esta semana, cuando —según los colonos— venció el plazo fijado por el Gobierno del Estado de México para la entrega formal del fraccionamiento al Ayuntamiento, proceso que aún no se ha concretado.
Un convenio fuera de la ley: Promotora Valle de Bravo se otorga a sí misma los servicios públicos
En sus cláusulas, el Ayuntamiento se deslinda de toda responsabilidad por los servicios de agua, alumbrado, recolección de basura y seguridad, y autoriza a la Promotora a fijar libremente las cuotas “que determine”, cobrarlas directamente o por medio de terceros y mantener el control del acceso principal.
El acuerdo tiene vigencia indefinida: solo la empresa puede decidir cuándo termina. El municipio, en cambio, renuncia expresamente a su derecho de revocarlo.
Más grave aún: el convenio entrega al particular la operación del agua potable y del alcantarillado, servicios cuya concesión está prohibida expresamente por el Bando Municipal y reservada al organismo público descentralizado. Es decir, se privatizó el agua con una simple firma.
Así, Promotora Valle de Bravo no solo administra el fraccionamiento: cobra lo que quiere, durante el tiempo que quiera y bajo las condiciones que impone.
Promotora Valle de Bravo mantiene control de “El Santuario” mediante convenios sin aprobación ni procedimiento de concesión.
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