En México es necesario que las instituciones del Estado garanticen mejores condiciones a personas hablantes de lenguas indígenas en su derecho para contar con la asistencia de intérpretes y traductores.
Así lo señalaron integrantes de la Red Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, al presentar la Incidencia de los Derechos Lingüísticos en los Sistemas Normativos y la Aplicación de la Justicia en México.
Para Tomás López Sarabia, presidente del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, Intérpretes Traductores en Lenguas Indígenas, “como que no somos muy visibles ante la sociedad, entonces ante eso hay mucha discriminación en los lugares en donde acudimos, entonces muchas veces no se nos paga a como dice el convenio, pagan cuando quieren, dejan pasar meses para pagar”.
Lamentaron que todavía sea alto el porcentaje de personas indígenas que están en prisión y que no contaron con la asistencia de un intérprete o traductor.
Según los datos de la ENPOL 2021 un poquito más de 45 por ciento de la población privada de la libertad de origen indígena, que habla una indígena, no contó con interprete y traductor”
Explicaron que este porcentaje ha mejorado, ya que en 2007 se encontraba en 84 por ciento, sin embargo aseguraron que estos esfuerzos no han sido suficientes para garantizar los derechos lingüísticos de las personas indígenas.
Demandaron acciones concretas para mejorar la profesionalización de traductores e intérpretes, la asignación de presupuesto específico para el pago de sus servicios, así como frenar la desaparición de las lenguas maternas en nuestro país.
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