El 2022 ofrece un gran reto para la permanencia y crecimiento del pequeño comercio y las empresas familiares, que hasta este año han sobrevivido a las dificultades de la recesión económica iniciada en el 2019 y los cierres de la economía del 2020 y 2021 que se implementaron para contener la pandemia del COVID-19.
Los efectos negativos que la crisis ha dejado entre los pequeños comercios formales no tienen referencia en tiempos recientes. Un indicador nos lo ofrece el Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2021 (EDN 2021) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en diciembre pasado. El INEGI señala que entre mayo del 2019 y julio del 2021, aunque se crearon 1 millón 806 mil 170 establecimientos, cerraron 2 millones 594 mil 787 negocios. El saldo negativo de los indicadores representa que en el periodo señalado hubo 788 mil 174 establecimientos que literalmente murieron.
Más que números y estadísticas sobre ganancias económicas o pérdidas, nuestra principal preocupación se centra en que cada uno de los establecimientos que se crearon o cerraron, representa el esfuerzo y la inversión de una familia que busca dar un servicio a la comunidad en donde se establece, para lograr un ingreso y tener una manera digna de vivir.
Los negocios que cerraron además de haber sido centros de servicio a las comunidades en donde operaban, eran motor de la economía formal. Los mismos datos que el INEGI publica afirma que los micro, pequeños y medianos comercios y empresas aportan el 99.8 por ciento al total de establecimientos registrados a nivel nacional.
El cierre de 788 mil 174 establecimientos representa la pérdida del 16.22 por ciento de los pequeños establecimientos mercantiles a nivel nacional. Lo sorprendente es que la alta defunción de establecimientos mercantiles no ha generado ninguna acción extraordinaria de autoridades locales o federales.
LA CUESTA DE ENERO
Tradicionalmente enero y febrero, representa una temporada de ventas bajas y pagos anuales que se tienen que realizar. La llamada ‘cuesta de enero’ suele ser tanto para los consumidores como para el pequeño comercio una temporada de dificultad económica.
Un aspecto positivo que tenemos este año a diferencia del 2021, es que se inició bajo los criterios de tener una economía abierta, aunque bajo las cautelas que implican los incrementos de contagios por el COVID-19 y sus variantes.
Mantener la sensatez de la apertura de negocios en esta temporada, logró amortiguar el cierre de establecimientos y la pérdida de empleos formales. Además, se ha demostrado que los establecimientos formales son los que en mayor medida aplican los protocolos de sanitización y controlan mejor los contagios.
Sin embargo, hay dos factores que están enfrentando los dueños de establecimientos mercantiles, así como los consumidores, en este inicio de año: el incremento de contagios por COVID-19 y sus variantes, así como por el aumento de precios de productos de consumo popular.
El incremento de contagios por COVID-19 y sus variantes, el desabasto de pruebas, las deficiencias en el programa de vacunación y faltas de criterio que han mostrado los funcionarios públicos encargados de las estrategias de atención a la pandemia son de gran preocupación para nuestro sector. Hemos insistido en que no habrá recuperación económica posible si no logramos establecer una estrategia acertada para contener y disminuir los efectos de la pandemia. Hoy podemos registrar negocios en pequeño como tiendas de abarrotes, recauderías o papelerías que no han abierto este año o abren con irregularidad por contagio de sus encargados.
El otro factor que nos inquieta en este inicio de año, es el incremento de precios que han registrado productos tanto de la canasta básica como los de alto consumo popular. En promedio, las mercancías que comercializamos están alcanzando incrementos cercanos al 30 por ciento en promedio. De mayor preocupación son el acelerado aumento de precios de productos que son necesarios para la alimentación de las familias, algunos llegando a niveles no antes vistos en algunos puntos de abasto: $100 el kilo de limón, $180 un kilo de bistec de res o $20 pesos por un kilo de tortilla.
En todos los casos, el incremento en los precios al consumidor final, es un factor que el pequeño comerciante está arrastrando de la cadena de comercialización y que, para remediarlo, es necesario revisar los diferentes procesos de comercialización y no solamente en los puntos de comercio a público general, que es tan sólo el eslabón final de la cadena de comercialización. Rechazamos los injustos señalamientos, que acusan al pequeño comerciante de ser los responsables de los incrementos de precios.
Consideramos que, en este inicio de año, nuestro sistema económico presenta factores de alto riesgo como son: frágil sistema de salud, incremento de precios, falta de programas gubernamentales de apoyo, entre los principales. De no atender los factores de riesgo, la mortandad de negocios en pequeño podrá seguir incrementándose este año.
Imagen tomada del sitio oaxaca.digital
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