Por Héctor Moreno
Conforme el proceso electoral avanza, el gobierno federal ha acentuado su perfil autoritario para perseguir a opositores y a quienes no piensan como ellos.
El disenso con el poder se paga con descrédito público y persecución legal. La docilidad al poder se paga con millones de pesos.
No importa la división de poderes ni la legalidad se trata de impulsos desde el poder para imponer a cualquier costo su proyecto ideológico.
Desde el poder se instrumentan las estructuras de gobierno para armar casos legales y se compran aliados en los medios para operar una pinza en contra de quienes expresan sus diferencias políticas.
Esa persecución se ha dado desde el inicio de este régimen desde distintos frentes y a diversos opositores, y ahora con la polarización electoral los hechos son más visibles.
En los casos más significativos la persecución se ha dictado desde la Presidencia y en otros han sido grupos dentro del mismo poder quienes han asumido la misma actitud de intolerancia y persecución.
Obispos, jueces y gobernadores
Desde que Olga Sánchez Cordero asumió como secretaria de Gobernación, varios de sus aliados en el mismo gobierno federal, en el Congreso de la Unión y en congresos locales impulsaron su agenda para legalizar el aborto, cumplir la agenda internacional del movimiento lésbico gay; legalizar las drogas, entre otros temas.
Conforme líderes religiosos y políticos de otros partidos fueron expresando sus posturas, la respuesta de esos grupos fue demandarlos, ya fuera ante las comisiones de derechos humanos, ante la Conapred e incluso judiciales. Por ejemplo, son varios obispos sobre quienes pesan demandas por haber expresado su doctrina en distintas materias.
La iniciativa de promoción de la “igualdad sustantiva” impulsada por unas legisladoras radicales del partido oficial, Morena contempla como uno de sus puntos principales poner mordaza y procesar legalmente a quienes disientan del contenido de esas leyes.
La gravedad del asunto dio pie al documento del Episcopado Mexicano, “Unidos por el Bien Común” en términos no vistos hasta ahora en este sexenio.
Dos de los casos más recientes son el del juez que concedió los amparos a particulares en contra de la reforma eléctrica y los consejeros del INE que sancionaron a candidatos de Morena, el partido oficial.
En el primer caso fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien desacreditó
-sin ninguna prueba al juez- y exigió al presidente de la Suprema Corte una investigación fundamentada solo en su enojo y sospechas. Ante la respuesta de respaldo desde diversos frentes ciudadanos, gremiales, políticos el presidente de la Corte emitió una tibia respuesta.
En el caso más reciente, los consejeros del Instituto Nacional Electoral votaron por mayoría retirar el registro a varios candidatos de Morena a distintos puestos de elección popular por no cumplir con sus obligaciones legales de transparentar el uso de recursos y la respuesta de los legisladores del partido oficial y sus aliados fue promover juicio político en contra del presidente del INE y de otro consejero.
Pero lo más grave ha sido hasta ahora la utilización de la Unidad de Inteligencia Financiera para perseguir a opositores políticos.
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