La Comisión
Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) está a favor de las consultas populares
como mecanismo directo de participación en el que la ciudadanía aprueba o
rechaza una o varias propuestas planteadas con anterioridad sobre temas de
interés público, tal como lo menciona el Instituto Nacional Electoral (INE).
Respecto de la
consulta popular de este domingo 1 de agosto, en la que se pregunta a la ciudadanía
«¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con
apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de
esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los
actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las
posibles víctimas?», la CMDH señala lo siguiente:
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¿Por qué debe someterse a votación
la aplicación de la justicia? En ese sentido, la consulta popular es
innecesaria; es decir, si hay elementos para juzgar a alguien por un delito
basta con denunciarlo. Asimismo, de resultar en un «sí» al juicio a expresidentes,
no garantiza que se aplique la ley.
●
Este mecanismo legal está diseñado para que la
ciudadanía pueda ser escuchada por el Estado en temas de trascendencia. Esta
consulta es la banalización, ridiculización y desperdicio de un mecanismo
democrático. La consulta popular es un instrumento ciudadano que no debe ser
utilizado en frivolidades y caprichos. Hay temas que requieren una consulta
real para corregir el rumbo del país, y que por sí mismos provocarían gran
participación ciudadana.
●
La consulta representa un gasto de
más de 500 millones de pesos en 377 mil spots y 57,087 mesas receptoras del
voto, lo cual es un verdadero despilfarro de recursos, que podrían destinarse a
otros fines de real importancia, como vacunas contra la covid-19 o medicamentos
oncológicos. Se requerirán 285,450
funcionarios para la integración de las mesas receptoras, de las cuales 23,965
son básicas y 33,122 contiguas.
●
Se observa un gasto notorio y excesivo en la
propaganda, lo cual podría constituir delito electoral, que no requeriría
consulta para ser perseguido.
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Las consecuencias de que el gobierno responda a
la consulta no son claras: si los votantes votan por el «sí» a la extraña
pregunta, ¿se podrá iniciar un proceso legal? Nunca se requiere ningún tipo de
consulta para aplicar la ley; se violaría el debido proceso y múltiples
derechos si así fuera.
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Ahora bien, si ganara el «no», ¿habría algún
tipo de impunidad popular para quienes se pretende juzgar? De nuevo,
violaciones a la legislación y a los derechos humanos de las presuntas
víctimas.
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Para hacer vinculantes los
resultados es necesaria una participación de por lo menos el 40% del padrón
electoral, equivalente a 37.5 millones de mexicanos, lo cual —según las
estimaciones— resulta muy difícil que se logre.
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La pregunta no tiene
relación con la propaganda a favor del «sí», ya que no
se votará a favor o en contra de iniciar un juicio a expresidentes, sino de
esclarecer conductas posiblemente delictivas de exfuncionarios públicos en
general, obligación legal de la FGR.
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No se observa propaganda, posicionamiento
público ni privado a favor de la opción «no», lo cual ratifica que no había
necesidad de la consulta, al no existir controversia ni opiniones a favor de la
opción negativa.
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De resultar ganadora la respuesta
del «no» para juzgar delitos de políticos, esto tendría graves consecuencias
futuras y sería una gran irresponsabilidad.
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Este modelo de consultas frívolas y a modo, para
justificar decisiones ya tomadas, como la farsa de consulta en 2018 —aunque apenas haya alcanzado poco más del 1% de
participación— que supuestamente definió la cancelación del nuevo aeropuerto de
la Ciudad de México.
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Todo parece indicar que algunas estructuras partidistas
serán las únicas movilizadas a votar, pues no existe interés ciudadano en esta
consulta.
Reconocemos la labor
operativa y de difusión del INE y sus trabajadores en su labor como ente ejecutor para esta
consulta popular; han cumplido con la obligación legal de
organizar una elección. Que los votantes asistan o no a las urnas a una
votación sin consecuencias es parte de la voluntad democrática. Saludamos el esfuerzo destinado
por la institución para instalar sin presupuesto las más de 50 mil casillas y
la intervención de casi 300 mil funcionarios.
Desde la trinchera
ciudadana y con más de 27 años de experiencia en observación electoral, la CMDH
seguirá de cerca el ejercicio, que se debe revisar a detalle por las
autoridades correspondientes para que México siga siendo un modelo de
democracia a seguir.
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