Y si platicamos… del derecho de las audiencias

 Por Francisco Junco

En principio, habría que decirlo con claridad. Los derechos de las audiencias no son, por sí mismos, una mala idea. Quienes defienden la propuesta impulsada y explicada públicamente por la presidente Claudia Sheinbaum sostienen que los ciudadanos tienen derecho a recibir información veraz, distinguir entre información y opinión, identificar claramente la publicidad y contar con mecanismos para reclamar cuando consideren que un medio vulneró sus derechos.

Bajo esa lógica hay una pregunta que parece razonable: ¿por qué tendría que preocuparse un medio de comunicación que no tiene nada que ocultar, que contrasta sus datos y que procura decir la verdad?

La propia presidente ha rechazado que detrás de esta propuesta exista una intención de censura. Ha insistido en que se trata del derecho de las audiencias y ha utilizado una palabra que, en principio, debería tranquilizar: “autorregulación”. Los códigos de ética serían establecidos por los propios medios y éstos tendrían defensores de las audiencias. Dicho así, cuesta trabajo encontrar el problema. ¿Quién podría estar en contra de que los medios sean responsables de lo que publican?

Y hasta ahí podríamos estar de acuerdo.

Porque quienes ejercemos el periodismo sabemos que la libertad de expresión tampoco significa patente de corso. Un periodista puede equivocarse. Un periódico puede publicar información incorrecta. Una televisora puede tener intereses económicos y una estación de radio puede defender determinada posición política. Los medios no somos propietarios de la verdad y, precisamente por eso, tenemos la obligación de investigar, contrastar, preguntar, rectificar y abrir espacio a las distintas versiones.

Pero entonces aparece una pregunta que nadie ha respondido satisfactoriamente: ¿quién pidió esta regulación?

No estamos ante una movilización ciudadana reclamando en las calles mayores controles sobre los contenidos de radio y televisión. No vemos organizaciones multitudinarias exigiendo que el Gobierno intervenga para garantizar que los medios proporcionen “información veraz”. No parece estar entre las principales preocupaciones de una sociedad que enfrenta inseguridad, desapariciones, problemas de salud, falta de medicamentos, agua, empleo y una larga lista de asuntos cotidianos. Más revelador todavía: al revisar la consulta pública de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sobre estos lineamientos, aparecían cero comentarios y cero participantes únicos. Una consulta sobre los derechos de las audiencias en la que, hasta ese momento, las audiencias simplemente no estaban participando.

Entonces cambia la pregunta: si los ciudadanos no están reclamando masivamente esta regulación, ¿por qué desde el poder existe tanto interés en impulsarla?

La respuesta oficial vuelve a ser tranquilizadora “nadie pretende censurar”. Nadie va a decirle a un periodista qué escribir ni a un conductor qué decir frente a una cámara. La presidente lo ha repetido, “se trata de autorregulación”. Y debemos consignar esa posición porque también es parte de esta historia. Pero el periodismo no solamente escucha lo que dice el poder; también observa lo que hace.

Y ahí comienzan las dudas.

Desde Palacio Nacional se han dedicado espacios públicos para desmentir información, señalar contenidos considerados falsos y exhibir redes de comunicación y personajes críticos del Gobierno. Recientemente se presentó lo que desde el propio Gobierno se denominó un “ecosistema de amplificación digital”, donde aparecieron periodistas, medios, políticos y cuentas críticas. Después se aclaró que aquello no constituía una lista negra. Puede aceptarse la explicación. Pero resulta difícil ignorar la imagen, el poder colocando nombres de periodistas y comunicadores frente a una pantalla para explicar quiénes participan en determinadas narrativas contrarias al Gobierno.

Y existe otro antecedente que no necesita interpretación porque salió de la propia voz presidencial. Claudia Sheinbaum recomendó públicamente “no ver TV Azteca”. Después explicó que se trataba de una opinión personal y no del ejercicio del poder del Estado para censurar a una televisora.

Y jurídicamente podrá ser cierto. Pero políticamente la escena es otra.

No estamos hablando de un ciudadano que cambia de canal porque no le gusta un noticiero. Estamos hablando de la presidente de México recomendando desde la principal tribuna política del país que los ciudadanos no vean determinada televisora. Una televisora que, además, mantiene una posición editorial crítica hacia su Gobierno y cuyo grupo empresarial propietario sostiene una confrontación fiscal con el Estado.

No hace falta inventar persecuciones ni afirmar aquello que no podemos probar. Tampoco necesitamos hacerlo. Los hechos conocidos son suficientemente importantes para formular preguntas. Porque cuando el mismo poder que cuestiona públicamente determinados medios comienza a hablar de mecanismos destinados a garantizar que las audiencias reciban “información veraz”, aparece inevitablemente la pregunta que atraviesa toda esta discusión. ¿Quién va a determinar cuál es la verdad?

Porque la verdad no pertenece a Morena. Tampoco pertenece al PAN, al PRI o a Movimiento Ciudadano. No pertenece a Palacio Nacional. Pero tampoco pertenece a TV Azteca, Televisa, Reforma, La Jornada ni a ningún periodista. La verdad periodística se construye con hechos comprobables, documentos, testimonios, contraste y versiones enfrentadas. Y aun haciendo todo eso, podemos equivocarnos.

Por eso preocupa que desde cualquier Gobierno, éste o el que venga después, pueda abrirse una puerta, aunque sea pequeña, para convertirse en árbitro de aquello que las audiencias deben considerar verdadero. Las leyes permanecen mucho más tiempo que los gobernantes. Lo que hoy puede parecer un instrumento razonable en manos de alguien con quien simpatizamos, mañana puede convertirse en algo muy distinto en manos de alguien a quien tememos.

Además existe otro mecanismo mucho más silencioso que la censura abierta. A un periodista ya no necesariamente hay que encarcelarlo ni cerrar un periódico. El poder político dispone de herramientas económicas, administrativas, fiscales y publicitarias capaces de generar presiones. Por eso resulta indispensable separar perfectamente la legítima actuación del Estado —incluida la fiscal, de cualquier intento por premiar a medios cómodos o castigar a medios incómodos. La publicidad oficial tampoco debería convertirse jamás en premio o castigo editorial.

Y aquí llegamos al fondo del asunto.

El problema no es defender a los medios. Los medios deben ser cuestionados. Los periodistas también. El problema aparece cuando alguien pretende establecer una frontera oficial entre verdad y mentira, porque detrás de esa frontera siempre habrá una persona, una institución o una autoridad tomando decisiones. Y entonces tendremos que preguntarle quién le concedió semejante poder.

Pongamos un ejemplo reciente. El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel se encuentra preso en el penal federal del Altiplano, sujeto a un proceso judicial y amparado, como cualquier persona, por la presunción de inocencia. Su familia ha denunciado condiciones que considera inhumanas y ha solicitado que, debido a su edad, pueda enfrentar el proceso bajo prisión domiciliaria.

Su hija describe aislamiento, restricciones y condiciones severas. Desde el otro lado, las autoridades sostienen que se encuentra bajo las condiciones correspondientes y que sus derechos están garantizados. Existen acusaciones de la Fiscalía, argumentos de la defensa, declaraciones de la familia y una autoridad judicial que finalmente deberá resolver.

Entonces pregunto algo muy sencillo:

¿Quién dice la verdad?

¿La familia de Ruffo? ¿La Fiscalía? ¿Las autoridades penitenciarias? ¿El Gobierno? ¿Los periodistas que documentamos unas versiones y otras?

Quizá ninguno tenga toda la verdad. Quizá cada uno posea solamente una parte. Precisamente para eso existen los tribunales, la defensa, la contradicción, los medios de comunicación y una sociedad capaz de escuchar distintas versiones y sacar sus propias conclusiones.

Ese es el verdadero derecho de las audiencias que deberíamos defender: el derecho a escuchar, comparar, cuestionar y decidir, no el derecho a que alguien previamente determine por ellas cuál versión merece la etiqueta de verdadera.

Porque el día en que el poder tenga la facultad moral, aunque diga no tener la jurídica, de decidir qué es verdad y qué es mentira, habremos dejado de discutir únicamente sobre derechos de las audiencias. Estaremos discutiendo sobre los límites del poder.

Y quizá para resolver todo este debate no hagan falta tantos lineamientos, códigos, defensores, consultas ni reguladores.

Podríamos aplicar una fórmula mucho más sencilla.

La pronunció la propia presidente Claudia Sheinbaum: “Si no les gusta, no lo vean”.

Y si platicamos… nos leemos la próxima semana.