En México, 2 de cada 10 estudiantes tanto de preescolar, primaria y secundaria, no cuentan con los servicios básicos en sus escuelas (electricidad, agua, drenaje, sanitario) y cerca del 16 por ciento de ellos no tienen el mobiliario básico para tomar clases. Así lo informó Educación Con Rumbo (ECR).
En Conferencia de prensa para señalar las deficiencias en los accesos a los servicios básicos que existen en el sistema educativo de nuestro país, Paulina Amozurrutia, Coordinadora General de ECR, lamentó que el actual gobierno no haga nada por garantizar que los estudiantes tengan acceso a inmuebles construidos o adaptados para fines educativos, con materiales duraderos, servicios básicos (electricidad, agua, drenaje, sanitarios y bebederos) y mobiliario básico (muebles para sentarse y apoyarse para escribir y pizarrones en los salones).
Agregó que todavía en el año 2020 se reportaba que el 27 por ciento de escuelas de nivel básico no contaban con agua potable, el 17.3 por ciento no tenía aún baños suficientes y el 14.1 por ciento no contaban con luz. “Esto es inaceptable en una escuela, donde estos elementos se requieren para que los estudiantes cuenten con las condiciones mínimas para poder trabajar con orden y seguridad”, denunció.
En este contexto, Patricia Ganem, Investigadora de ECR resaltó que el gasto público en infraestructura escolar para 2021 fue de 15.4 mil millones de pesos, 12 por ciento menos que el ejercido en 2020. “En el país hay un porcentaje considerable de escuelas que no cuenta con la infraestructura escolar para brindar las condiciones de saneamiento e higiene necesarias, y mucho menos con los recursos tecnológicos que se han vuelto tan esenciales con la pandemia”, afirmó.
Añadió que ayudar a las escuelas más pobres y vulnerables es un propósito que nadie discute y que lamentablemente no ha sido una prioridad para el actual gobierno, a pesar de que creó el Programa La Escuela es Nuestra en 2019, sin embargo, desapareció el Programa Escuelas de Tiempo Completo, cuyo objetivo era contribuir a mejorar el rendimiento de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica, mediante la ampliación de horas que los alumnos van a la escuela. “Pasar recursos de un programa a otro, parece una estrategia electorera más que una estrategia que ayude a resolver los graves problemas que enfrentar los directivos y maestros para poder ofrecer una educación de excelencia”, sentenció.
Esta decisión del gobierno ha generado polémica; y una primera razón es que las escuelas de tiempo completo ya no contarán con recursos para sostener el horario ampliado o completo, ya que para sostener más horas de trabajo se requiere la preparación de los alimentos y apoyar algunos bonos para los maestros que tiene que cubrir actividades.
Lo anterior puede generar varios escenarios. Que las entidades absorban la responsabilidad y destinen recursos para que estas escuelas continúen su jornada completa. Que los padres y madres de familia apoyen con sus propios recursos para dotar de los alimentos a los estudiantes y continúen sus actividades hasta el 16:00 hrs. o que las escuelas de tiempo completo se vuelvan irremediablemente en escuelas de jornada ampliada y concluyan sus actividades a las 14:00 hrs. o que vuelvan a su horario inicial de 8:00 a 12:30 hrs.
Cualquiera de los escenarios que se pueda dar, preocupa porque los recursos económicos que se destinen serán insuficientes, más aún, si estos recursos se entregan sólo a comités de padres de familia, excluyendo por completo a autoridades educativas y maestros.
Para ello la SEP otorgará $150 mil (si la escuela tiene de 2 a 50 alumnos), $200 mil (si la escuela tiene de 51 a 150 alumnos) y $500 mil (si la escuela cuenta de 151 y más alumnos), estas cantidades se entregarán a través de un fondo administrado sólo por padres de familia. Consiste en entregar el dinero que los comités de padres deciden en qué obras gastar y supuestamente con quién. Si se considera que las escuelas deberán comprobar la necesidad de esos recursos para mejorar su infraestructura, partiendo de que les faltan baños, conectividad, bebederos, techumbre, salones, etc. Esto supondrá una inversión inicial (por muy pequeña que sea) de por lo menos $450,000.00 por lo que no alcanzará para cada una de las escuelas.
Ante tal situación, ECR cuestiona que sea a través de los padres y madres de familia que se asignen los recursos, sobre todo con los reportes de corrupción que se han presentado. Ya que un informe enviado por el “superdelegado del estado de Morelos”, Raúl Anaya Rojas, el 24 de mayo de 2021, reportó que en 77 escuelas cambiaron los comités de padres de familia, pero la Tesorería de la Federación depositó a quienes estaban registrados en los antiguos comités, poniendo en riesgo más de 24 millones de pesos.
En este sentido, Educación Con Rumbo exige que los programas no se cambien con las administraciones públicas. Que las asignaciones sean sostenidas en el tiempo, hasta completar al 100 por ciento todas las condiciones de infraestructura de una escuela. Que se asigne un porcentaje mensual a las escuelas para el mantenimiento de la infraestructura y de los servicios educativos. Que exista un sistema de seguimiento a las condiciones de las escuelas y que el proceso de asignación de recursos sea a través del Consejo Escolar y del Comité correspondiente.
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