En sesión pública celebrada la mañana de este jueves, los colegiados validaron por unanimindad de votos la sentencia dictada por el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia penal en la Ciudad de México.
A través de la dicha sentencia se concedió la protección de la justicia federal a favor de Rosario Robles Berlanga, tras la violación a su derecho humano de presunción de inocencia que desplegó el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en un evento público de carácter académico organizado por el Colegio de México y conducido por el periodista Sergio Aguayo, en el mes de agosto del 2020.
En esencia, los magistrados federales analizaron temas como la libertad de expresión de jueces y fiscales, las características del derecho humano a la presunción de inocencia, y diversos tratados internacionales, así como resoluciones previas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicables al presente caso, y con ello determinaron que era correcta la sentencia del pasado 30 de septiembre del 2021 dictada por el Juez Tercero de Distrito, Octavio Ojeda, en la cual se concedió la protección constitucional a la quejosa.
Toda vez que el Fiscal General de la República sí reviste el carácter de autoridad responsable y tiene obligación de guardar reserva y discreción sobre los asuntos de su competencia, siendo que ésta limitante a su derecho de libertad de expresión no constituye una violación al derecho de información que tiene la sociedad en general, como erróneamente lo sostuvo la Fiscalía en el recurso de revisión promovido.
En este estado de cosas, los juzgadores del Noveno Tribunal Colegiado confirmaron que la quejosa Rosario Robles Berlanga debe recibir la protección del Estado Mexicano en contra de la instrusión indebida por parte del fiscal y, en consecuencia, confirmaron en sesión pública, la sentencia recurrida.
De esta manera, se acredita una injerencia indebida por parte de Gertz Manero en un proceso judicial de interés nacional. Por otra parte, desde el punto de vista de la defensa de Rosario Robles, esta sentencia constituye un elemento objetivo para demostrar que el Estado Mexicano ha entorpecido y atentado contra el debido proceso de la causa penal que Rosario Robles enfrenta.
A finales del año pasado en juez ordenó al fiscal Alejandro Gertz, abstenerse de hacer manifestaciones públicas o juicios de valor respecto de la culpabilidad o responsabilidad de Rosario Robles.
Augusto Octavio Mejía Ojeda, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, hizo el ordenamiento al conceder un amparo a Robles, quien acusó al abogado de la nación de violar su derecho humano a la presunción de inocencia y debido proceso.
Lo anterior derivado de la declaración hecha por Gertz Manero el 12 de agosto de 2020 durante un evento realizado en El Colegio de México. En aquella ocasión, el fiscal aseguró que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, recibía un trato diferente al de Rosario Robles, porque el primero aceptó los cargos y decidió cooperar con la autoridad.
La declaración de Gertz Manero se dio luego de que integrantes del Colegio de México le cuestionaron sobre el trato “diferenciado” que se le está dando a Lozoya con relación al trato que recibe Robles.
“Es muy sencillo, este individuo (Lozoya) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial por unos 400 millones de pesos, él lo está presentando, él está acudiendo”, indicó Gertz Manero.
“En el otro caso (el de Robles) no hay eso, y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas la mayor parte o una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país, por favor, por favor, es decir la jerarquía de daños merecerían la conducta solidaria con el Estado mexicano para descubrir esa famosa llamada Estafa Maestra”, dijo Gertz Manero en aquella ocasión.
Para la defensa de Robles, el fiscal violó su derecho a la presunción de inocencia y debido proceso al dar a entender que la exfuncionaria está en prisión por “no ser solidaria con el Estado”, es decir, por no “delatar” a otros funcionarios, cuando en realidad no tiene nada por revelar.
“Para esta defensa, significa que el fiscal pretende utilizar la prisión preventiva como un mecanismo coercitivo contra la ciudadanía. Antes eran tehuacanazos, hoy es prisión. Pareciera que Robles está privada de su libertad por no querer colaborar con las autoridades, cuando en este país ese hecho no es ningún delito”, dijo entonces la defensa de la exfuncionaria.
Robles promovió un amparo y lo ganó, según una resolución del Juez Tercero de Distrito, en el sentido de que la resolución es para el efecto de que el fiscal Gertz Manero “tome todas las medidas necesarias para que en lo subsecuente, se abstenga de realizar manifestaciones o juicios de valor respecto de la culpabilidad o responsabilidad de la aquí quejosa, en los hechos materia de las investigaciones que se integran en su contra” y además se sienten precedentes en el sentido de que desde la Fiscalía se ha violentado el debido proceso y la presunción de inocencia de Rosario Robles.
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