HORAS EXTRAS/Las horas que México le debe a sus trabajadores

Por Daniel Lee Vargas

El debate sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas en México parece avanzar, pero con los frenos bien puestos. Cuatro foros públicos han transcurrido y, aunque los sectores sindicales, empresariales y organismos internacionales coinciden en que es necesaria una reforma, el terreno donde se libra la batalla no es la necesidad, sino la velocidad.

El concepto de "gradualidad" ha sido el refugio perfecto para quienes buscan postergar el cambio bajo la apariencia de consenso. Mientras los sindicatos insisten en que la meta se debe alcanzar en 2027, el sector empresarial —sin sorpresas— propone reducir la jornada a un ritmo de una hora por año, estirando la transformación hasta después de 2030.

¿En serio un país como México necesita más de un sexenio para recortar dos horas laborales a la semana? Este tipo de propuestas no solo resultan conservadoras, sino que rayan en la simulación.

Y hay que decirlo estimado lector, en los hechos, el sector patronal está jugando a ganar tiempo. No es nuevo: cada avance laboral en México ha sido un campo minado por las resistencias empresariales que siempre encuentran un pretexto —ya sea la inflación, la competitividad o la “viabilidad” económica— para ralentizar los derechos de los trabajadores.

Es cierto que organismos como la OIT, la Cepal, la OCDE y el BID reconocen que el cambio debe adaptarse a la diversidad de sectores en el país. Pero este argumento no puede convertirse en la coartada para proteger a las empresas que no quieren modificar sus prácticas. No es que México no pueda: es que algunos no quieren.

Además, mientras sindicatos y empresarios parecen enfrentarse sobre el calendario, coinciden sin titubeos en un punto: la exigencia de que las prestaciones laborales sean 100% deducibles de impuestos. Aquí sí hay unidad. El problema es que esta demanda se convierte en un chantaje fiscal disfrazado de diálogo: “aceptamos mejorar condiciones, pero que el Estado nos pague la factura”. La reducción de la jornada laboral es un tema de derechos, no un negocio para negociar deducciones.

Los foros, que han recorrido hasta ahora las principales ciudades industriales del país, se perfilan más como ejercicios de contención que como espacios efectivos de transformación. 

Las conclusiones que la Secretaría del Trabajo pretende llevar al Congreso en septiembre deben responder a una pregunta fundamental: ¿a quién le está hablando el gobierno? ¿A las cúpulas empresariales o a los millones de trabajadores que han sostenido a este país con jornadas que superan las más largas del mundo?

Si el gobierno se compromete realmente con los derechos laborales, debe fijar plazos claros, evitar que la gradualidad se convierta en parálisis y rechazar cualquier intento de condicionar los avances laborales a beneficios fiscales para las empresas.

En un país donde la precarización ha sido la norma, reducir la jornada laboral no debería ser una dádiva negociable, sino una reparación urgente.

Sígueme en mis redes sociales, https://www.facebook.com/danielee.v

X @DANIELLEE69495

También en https://algranomx

https://mexicopolitico.com.mx/

https://ancopnoticias.mx/

https://cachoperiodista.com